Luis José Liétor Moreno, socio de una empresa mercantil de Talavera de la Reina (Toledo), se está recuperando de un procedimiento judicial que le ha costado, asegura, muchos disgustos y una fuerte suma de dinero. Ya es firme la sentencia que lo absuelve a él y a dos socios de los dos delitos por los que el Ministerio Público y la acusación particular pidieron 12 años de cárcel y el pago de 28 millones de euros. La Audiencia Provincial de Toledo, sin embargo, no consideró punibles los hechos que les imputaban y los exculpó de administración desleal y de alzamiento de bienes.

Pero el perjuicio económico ya estaba hecho. «El daño ha sido gravísimo. La empresa está completamente en quiebra, una ruina total», se lamenta Luis José. Su abogado en este procedimiento, Javier Gallego, subraya que los propios querellantes ni siquiera se presentaron en el juicio, lo que evidenció «la falta de fundamento de las acusaciones. Todo fue un montaje«. Para este letrado, la sentencia confirma que «no existió delito alguno y que todo se trataba de un conflicto entre socios que nunca debió llegar a la vía penal».Habla sereno a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM desde Ibiza sobre un caso en el que ha habido actores condenados por la Operación Malaya: la trama de corrupción urbanística, sobornos y malversación de fondos públicos en el Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 2006.

Para dar contexto, Luis José se detiene en explicar quién ejerció la acusación particular: un abogado viejo conocido suyo defendió a los herederos de Carlos Sánchez Hernández, penado a cuatro años y cuatro meses de cárcel por el caso Malaya.

Socio de Luis José Liétor durante años y ya fallecido, fue quien inició la causa que llevó a los tres procesados a sentarse en el banquillo. Los otros dos acusados: José Carlos Neira Ramajo y el padre de Luis José, Andrés, también condenado a cuatro años y cuatro meses de prisión por la Operación Malaya y que fue localizado y detenido en Venezuela tras fugarse en 2014.

El inicio

El litigio partió de una ampliación de capital, según el demandado, en noviembre de 2018. Se aportaron los bienes a otra sociedad de Talavera de la Reina con la que el empresario absuelto llevaba trabajando años y Carlos Sánchez, que era socio minoritario, tuvo conocimiento de ello. Entonces «pretendió apropiarse, como ya había hecho antes, de distintos inmuebles y malvenderlos porque ya estaba con un cáncer terminal. Pero al ver que mis socios y yo le quitamos la posibilidad de conseguir su objetivo, interpuso esta denuncia en un juzgado de instrucción de Talavera asesorado por un abogado» que había sido letrado de Luis José durante años.

Según este empresario, ese profesional «usó información confidencial de abogado-cliente» para este caso. Además, la documentación que ese letrado entregó en el juzgado «era falsa». Luis José lo explica: «Carlos Sánchez se nombraba administrador de las empresas y las juntas generales fueron fraudulentas y falsificadas. Entonces, aparecía en el juzgado de Talavera como si fuera el administrador de esas empresas y decía que les habíamos robado. Luego enviaba la escritura en la que él mismo se había nombrado administrador único».

«Fabricaron esas escrituras ex profeso» para interponer la denuncia, según Luis José, y Carlos Sánchez «lo hizo de una manera kamikaze porque tenía una enfermedad terminal y le daba igual».

Complicada separación

Todo acabó como el rosario de la aurora en el Juzgado de Instrucción número 1 de Talavera en 2020. «Al separarnos hubo una serie de malentendidos en la sociedad, y este procedimiento ha sido las consecuencias y los coletazos de esa separación», rememora el empresario exculpado. «De esa falta de consenso a la hora de repartir el patrimonio y hacer las cosas como Dios manda», continúa, «entramos en una batalla judicial por distintos frentes».

En este punto, levanta la voz al explicar que le tomaron declaración una vez en un juzgado de Talavera, «donde di todas las explicaciones», y ya no tuvo ninguna noticia hasta que siete años después se sentó en el banquillo en la Audiencia de Toledo. Allí solamente el fiscal pidió 12 años de prisión para cada uno de los procesados, además del pago de una indemnización de casi 29 millones de euros, porque la acusación particular, ejercida por el abogado José Javier Morato, no se presentó.

Con todo, Luis José habla del daño económico: «Desde que aportamos unas fincas a una sociedad en una ampliación de capital en 2018 hasta este año, no hemos podido hacer nada con ellas para promover proyectos inmobiliarios. Son siete años perdidos, soportando gastos y sin poder generar ingresos. Además, hay unas cargas importantes con la Agencia Tributaria que estamos defendiendo. Ya nos han sacado alguna finca a subasta y hemos tenido que frenarlo».

El resultado de «aquella querella falseada, utilizando documentación falsificada, es una ruina, sin ninguna duda, con una deuda de decena de millones de euros. Ahora la batalla continúa con la Agencia Tributaria», remarca.

El empresario se queja además de que la jueza de instrucción y el fiscal del caso «han salido indemnes, y el que puso la querella ya murió hace varios años». Anuncia que sí denunciará por denuncia falsa y estafa procesal al abogado de la acusación particular, contra el que Luis José ya se ha querellado por otros motivos».